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| La juez Mercedes Alaya |
Vuelco en el caso de los ERE falsos. La juez Mercedes
Alaya ya habla sin tapujos de “saqueo”. Y le concede más protagonismo a un
actor que parecía sólo disfrutar de un papel secundario en la trama. Ahora José
González Mata, dueño de la mediadora Uniter, se ha convertido “en uno de
los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas con la
indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta de Andalucía”,
según el auto de prisión de González Mata al que ha tenido acceso El
Confidencial.
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| Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC.OO) |
Alaya ordenó
el martes por la noche el ingreso en prisión de este empresario jerezano,
íntimo amigo de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de
Andalucía entre 2004 y 2010, que estuvo varios meses en prisión. González
Mata aprovechó su amistad con Fernández, natural como él de Jerez, para
encargarse de los expedientes relacionados con las bodegas de la quinta ciudad
andaluza, como figura en el sumario del caso de las falsas
prejubilaciones en Andalucía. La juez certifica el “enorme enriquecimiento”
del dueño de Uniter, titular de 32 inmuebles, de los cuales 29 los adquirió en
el periodo investigado “y con casi tres millones de euros entre productos
de pasivo e imposiciones a plazo”. Alaya determinó una fianza de 600.000 euros
en metálico.
La presunta
participación en el fraude de las organizaciones sindicales está fuera de toda
duda, según el auto de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de
Sevilla. Es más, les recrimina cómo se financiaban. “Los sindicatos, además
de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales,
encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación
irregular”, abunda Alaya. Y lo explica: “UGT y CCOO indiciariamente habrían
impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, pagos como contraprestación a su
papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, pagos que en
estos casos recaerían sobre Uniter como principal beneficiaria de estos grandes
procesos, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los
expedientes de regulación de empleo”.
“En este
ilícito uso de fondos públicos”, relata la magistrada, “tendrían también una
actuación decisiva junto al inculpado [González Mata], representantes de los
sindicatos UGT y CCOO, tanto de contacto como de información previa sobre
las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración
posterior”. Los beneficiados eran Uniter y el despacho de abogados Estudios
Jurídicos Villasís, que habría actuado en expedientes cuyas pólizas habrían
sido negociadas tanto por la mediadora Vitalia como las medidoras propiedad del
hoy inculpado y que habría tenido “un papel determinante en la distribución
posterior de parte de estos fondos públicos”, como consta en el auto de Alaya.
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| Un mediador de los ERE dice que los sindicatos cobraban 'como medida de presión' |
Las
empresas de González Mata destinaron
entre 2001 y 2011 un total de 3.253.031 euros a UGT y CCOO, mientras que la
aseguradora Vitalia destinó 4.291.384 euros, añadió el auto, que calificó estos
hechos como un "saqueo de fondos públicos".
Tras la declaración
de Albarracín, la Fiscalía
Anticorrupción ha pedido para él una fianza de responsabilidad civil de
200.000 euros y que se mantengan las medidas cautelares de bloqueo de sus
cuentas corrientes y prohibición de disponer de todos y cada uno de sus bienes
inmuebles, así como el embargo de dos vehículos que constan a nombre de Permar
21.
¿Cuál era el modus operandi de
González Mata? Su utilización “ilegítima” de caudales públicos consistiría,
al tratarse del mismo equipo de trabajo, en “provocar la concesión de las
ayudas públicas a determinadas empresas que estuvieran interesadas en sus
servicios que luego serían financiadas por la Junta de Andalucía, en
influir y aprovecharse de la ausencia de licitación pública, y fundamentalmente
en las comisiones que el hoy inculpado, como agente de seguros, pactaba con la
Junta de Andalucía, muy por encima de la media del mercado, hasta el punto que
las aseguradoras como Vitalicio llegaron a exigirle la conformidad con la
Junta”.
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| Los sindicalistas y los ERE |
Alaya insiste
en las sobrecomisiones de las pólizas. En el auto indica que el Grupo
Generali habría abonado al Grupo Uniter, entre los años 2001 y 2010, casi 33
millones de euros, de los cuales, siguiendo el criterio provisional de la
Dirección General de Seguros, “bastante más de la mitad (en torno a unos 20
millones de euros) serían comisiones por encima de la media del
mercado”.